Un problema crónico, que empeoró en los últimos años. La toma de terrenos públicos pone en evidencia las consecuencias de la impericia en la gestión pública y la voracidad del oportunismo político y de la corrupción. Pero indudablemente tiene como trasfondo problemas sociales masivos e intensos.

Aunque en los últimos años el crecimiento en la actividad económica y sobre todo en el gasto público fue muy intenso, errores de estrategia llevan a que no se avance en la resolución de las cuestiones sociales más básicas. Para eliminar los fuertes déficits de vivienda es imprescindible recomponer el mercado de créditos a largo plazo y focalizar el gasto público en las familias de más bajos ingresos.

La masiva ocupación de espacios públicos por parte de familias en estado de alta vulnerabilidad social es un fenómeno que merece varias lecturas. Por un lado, pone en evidencia la ineficacia de los sistemas de seguridad; que se mueven en un péndulo entre la pasiva inacción y la represión violenta. Por otro lado, testimonia las facetas más patéticas del oportunismo y la corrupción que cobija el sistema político. Pero, lo más importante, es que constituyen una manifestación de la extensión e intensidad de los problemas sociales. Se trata de fenómenos muy complejos que responden a una multiplicidad de factores causales. En este caso concreto se exteriorizan a través de familias muchas de ellas migrantes internos- que frente a la realidad que viven y la desesperanza sobre su futuro están dispuestas a sumarse a la aventura de incursionar en la ilegalidad y a los riesgos de asentarse en terrenos que no son de su propiedad.

Fuente: El Litoral